jueves, 13 de diciembre de 2012

Conflicto sanitario en Madrid


Madrid sufre desde hace semanas un conflicto en la sanidad pública de dimensiones preocupantes. Prácticamente todos los estamentos implicados: médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, celadores, colegios y asociaciones profesionales se han puesto de acuerdo en contra de las medidas anunciadas por el gobierno autonómico con la finalidad de hacer frente a un presupuesto muy reducido y un déficit acotado. Lo que para el ejecutivo son medidas de racionalidad y mayor eficiencia en la gestión, para los profesionales de la salud y los partidos políticos en la oposición se convierten en medidas que persiguen "la privatización de la sanidad". Palabra maldita donde la haya cuando se habla de sanidad: PRIVATIZAR. Pasa algo parecido con otro término muy traído: COPAGO.

Por mucho que se empeñen las autoridades sanitarias en negar la mayor: "aquí no se privatiza nada y lo único que se hace es externalizar la gestión a una empresa privada", las protestas y el malestar continúa. Da la impresión que estamos inmersos en un auténtico diálogo de sordos. No hay duda que el objetivo marcado por la Consejería es ambicioso y representa una reforma de calado del sistema existente, a pesar de que ya existen en la comunidad experiencias en modelos de participación público-privada, que se iniciaron con la construcción de 7 hospitales, en el tiempo record de 24 meses. Se trataba entonces de utilizar el modelo concesional para la construcción, financiación y posterior operación de los servicios no sanitarios, dejando en manos de la administración la asistencia sanitaria. El modelo también despertó en su momento críticas airadas y demagógicas especialmente de los partidos políticos, pero tuvo poco impacto en los profesionales de la sanidad y fue bien acogido por la población.

No se inventaba nada nuevo. El modelo existe en numerosos países, entre los que destaca por encima de todos el Reino Unido, y el balance, se diga lo que se diga, es positivo. Después de más de tres años de existencia en la comunidad de Madrid, también podemos afirmar que el resultado es satisfactorio, avalado por las encuestas que se realizan periódicamente y el seguimiento exhaustivo que lleva a cabo la Unidad Técnica de Control, para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y disponibilidad. Además se reforzó el modelo centralizando los servicios de laboratorio y de diagnóstico radiológico.

Parece pues que la decisión tomada en su momento fue audaz, valienteacertada, y permitió acercar la asistencia hospitalaria a toda la población.  Eran pasos pues en la misma dirección que quiere ahora implantarse, como se vio con la licitación de cuatro hospitales bajo lo que se ha llamado modelo "Alzira"concesiones que afectan a la totalidad de los servicios, incluyendo los servicios asistenciales, a través de un pago capitativo. Dicho en otras palabras: se transfiere a la empresa privada la responsabilidad de prestar asistencia hospitalaria a una determinada población a través de un hospital de nueva construcción. La financiación continúa siendo pública; la población adscrita al hospital tiene la misma cartera de servicios que el resto, pero la provisión de los servicios está en manos privadas. Así se licitaron cuatro hospitales, sin una mayor contestación por parte de la población o de sector sanitario.

Ahora pero, la reacción ha sido furibunda. ¿Qué es lo que ha pasado?

En mi opinión las medidas llegan en un momento ya muy difícil para la población en general –la tasa de paro es quizás de los indicadores más alarmantes de lo que nos está pasando así como el drama de los desahucios, que también afecta y mucho al sector público y a sus profesionalessobre los que han caído recortes salariales y otros ajustes en los últimos años.  "La gente está quemada", y además como no se vislumbra en el horizonte una solución a esta crisis profunda de nuestro sistema económico, financiero, y social –especialmente por lo queafecta al estado del bienestar, la ciudadanía se siente impotente, engañada, ante una política de recortes como jamás habíamos imaginado. No se trata pues de una reacción aislada a una determinada reforma, se trata de una contestación y de una protesta mayúscula más allá de la sanidad, ante un sistema que está cambiando radicalmente.

Hay que forzar el dialogo. No queda otra solución, porque la crisis está aquí, no digo para quedarse, pero si para forzar cambios profundos en nuestra sociedad. Cambios que afectan a uno de los pilares más sensibles del estado del bienestar. Si queremos preservar buena parte del mismo, hemos de ser capaces de reformarlo, y todo el sector ha de ser protagonista de estos cambios o reformas. No debería darnos miedo la palabra privatizar, si ello representa mantener la equidad y la calidad asistencial, una mayor eficiencia y plena satisfacción de los ciudadanos. Y conlleva un estricto control de quién tiene la responsabilidad de ejercerlo y publicitarlo.  

Estos son los objetivos, y pueden, o deberían poderse llevar a cabo también desde la gestión pública, que hay que reivindicar por supuesto. Una no es contraposición de la otra. Este es el reto, y corresponde a sus protagonistas llevarlo a cabo. Pero para ello habrá que asumir que los escenarios han cambiado, que el mundo ha cambiado, y que las relaciones laborales también deben cambiar y adecuarse a esta nueva situación. No se trata de perder privilegios, pues habría que suponer que como tales no existían. Se trata de responsabilidades a todos los niveles, de conciencia social, de lealtad, de veracidad. De responder ante la sociedad y la ciudadanía que financia con los impuestos los servicios públicos. Alejémonos del debate demagógico, y analicemos la situación con conocimiento y la voluntad de encontrar  y reforzar los puntos que unen profesionales y administración.

Eduard Rius